Cuba: Motivos de preocupación de Amnistía Internacional en materia de
derechos humanos
Amnistía Internacional ha venido haciendo campaña a lo largo de los últimos 40
años contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de
Cuba, en particular contra el encarcelamiento de disidentes políticos y
periodistas como consecuencia de las duras restricciones impuestas a la
libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Además, la organización ha expresado su profunda preocupación por las negativas
consecuencias del embargo económico impuesto por Estados Unidos para la
ciudadanía cubana y su capacidad de ejercer plenamente sus derechos humanos.
Libertad de expresión y de asociación
Duras restricciones a la libertad de expresión y de asociación afectan a miles
de personas en toda Cuba.
En Cuba, todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales están bajo
el control del Estado. Además, el acceso a Internet está gravemente limitado
fuera de las oficinas gubernamentales y las instituciones educativas.
Disidentes y detractores del régimen, incluidos periodistas, son a menudo
encarcelados y privados de libertad, algunos bajo la acusación de
"peligrosidad predelictiva".
En 2006 se observó un aumento de los actos de hostigamiento e intimidación
contra periodistas y bibliotecarios independientes.
Entre enero y agosto de 2006, el periodista Guillermo Fariñas protagonizó una
huelga de hambre intermitente para obtener acceso a Internet. No lo consiguió.
Armando Betancourt Reina, periodista autónomo, fue detenido el 23 de mayo de
2006 cuando tomaba notas y fotografías de unos desalojos de viviendas en la
ciudad de Camagüey. Se lo acusó de alterar el orden público. Según la
información recibida, Armando Betancourt estuvo una semana recluido en régimen
de incomunicación en la comisaría de policía antes de su traslado a la prisión
de Cerámica Roja, en Camagüey, el 6 de junio de 2006.
Presos de conciencia
Al menos 67 presos de conciencia --personal docente, periodistas y defensores
de los derechos humanos detenidos por sus actividades pacíficas-- permanecen
privados de libertad en cárceles de toda Cuba tras haber sido juzgados sin las
garantías que exigen las normas internacionales.
Amnistía Internacional está estudiando en la actualidad decenas de casos de
presos que también podrían ser considerados presos de conciencia.
Trece personas, entre hombres y mujeres, están cumpliendo pena fuera de la
cárcel debido a problemas de salud.
En 2006 se puso en libertad a un preso de conciencia.
Orlando Zapata Tamayo, albañil y fontanero, había sido detenido en La Habana el
20 de marzo de 2003 cuando participaba en una huelga de hambre en la Fundación
Jesús Yánez Pelletier para reclamar la liberación de
Oscar Biscet y otros presos políticos.
Fue condenado a tres años de cárcel en 2003 por "desprecio a la figura de
Fidel Castro", "desorden público" y "resistencia". En
noviembre de 2005 le fueron impuestos otros 15 años de prisión por
"desacato" y "resistencia" en el centro penitenciario. En
mayo de 2006 fue enjuiciado de nuevo por los mismos cargos y condenado a una
pena adicional de siete años. Actualmente cumple una pena de 25 años y 6 meses
de cárcel.
Detenciones arbitrarias
Amnistía Internacional recibe prácticamente a diario informes de disidentes
políticos, periodistas independientes y detractores que están siendo detenidos
por participar en actividades disidentes o informar sobre la situación de los
derechos humanos en Cuba y enviados a prisión, donde se encuentran en espera de
juicio. En algunos casos tienen que esperar durante meses e incluso años,
mientras que en otros son juzgados y condenados al cabo de unos días.
El preso de conciencia Julio César López Rodríguez, vicepresidente del Frente
Línea Dura y director de una biblioteca independiente, fue detenido el 22 de
julio de 2005 cuando trataba de participar en una manifestación pacífica ante
la Embajada de Francia. Lleva muchos años haciendo campaña en favor de la
reforma política y la defensa de los derechos humanos, y en su biblioteca
albergaba libros contra el totalitarismo. Está privado de libertad sin cargos
ni juicio.
Reclusión sin cargos ni juicio
Hay decenas de personas en toda Cuba privadas de libertad sin cargos, y en
algunos casos sin juicio, por sospecharse su participación en actividades
contrarrevolucionarias o bajo acusaciones poco claras.
El preso de conciencia Emilio Leyva Pérez, presidente
del Frente Línea Dura y delegado de la Asamblea para promover la Sociedad
Civil, fue detenido el 13 de julio de 2005 cuando participaba en un acto
pacífico celebrado en La Habana. Está privado de libertad sin cargos ni juicio.
Con anterioridad fue declarado preso de conciencia tras ser detenido en febrero
de 2002. En aquella ocasión estuvo encarcelado sin juicio hasta que lo pusieron
en libertad en junio de 2004.
Condenas injustas
Disidentes políticos y detractores a menudo son condenados por un delito de
"peligrosidad social". Se trata de una medida preventiva definida
como "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer
delitos", que persigue toda conducta contraria a la "moral
socialista", como "embriaguez", "drogadicción" y
"conducta antisocial", aunque se aplica a disidentes políticos,
periodistas independientes y detractores. Las personas juzgadas por
"peligrosidad" son condenadas a penas de hasta cuatro años de cárcel
a pesar de que la ley dispone el tratamiento terapéutico, la reeducación o la
vigilancia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria.
Alexander Santos Hernández, coordinador nacional de la Alianza Democrática
Oriental (ADO) fue detenido el 5 de junio de 2006 y condenado en juicio sumario
a cuatro años de cárcel por "peligrosidad social".
En noviembre de 2004 había cumplido ya una pena de seis meses de prisión por el
delito de "desobediencia", por recoger firmas para el proyecto
Varela, cuyo fin era solicitar la celebración de un referéndum nacional sobre
la adopción de reformas democráticas.
Acoso e intimidación de disidentes y detractores
En 2006 hubo un aumento de los actos de hostigamiento e intimidación de
detractores y disidentes políticos por parte de grupos cuasioficiales
en los denominados "actos de repudio".
Están aumentando los actos de repudio, manifestaciones protagonizadas por
simpatizantes del gobierno contra disidentes políticos y detractores. Según
éstos, tales actos y manifestaciones se organizan con la complicidad de las
autoridades. Amnistía Internacional considera que los actos de repudio podrían
equivaler a tortura psicológica dada la tensión que pueden ocasionar a la
víctima y a sus familiares. Los informes recibidos indican que también se han
producido agresiones físicas en algunos de estos actos.
Juan Carlos González Leiva, presidente de la Fundación Cubana de Derechos
Humanos, fue objeto de varios actos de repudio en su domicilio, en la localidad
de Ciego de Ávila. Él y su familia fueron repetidamente amenazados por los
manifestantes. Lo detuvieron en marzo de 2002 por "desacato",
"desorden público", "resistencia" y
"desobediencia", y estuvo dos años encarcelado sin juicio. En abril
de 2004 fue condenado a cumplir cuatro años de privación de libertad en su
domicilio.
Pena de muerte
Cuba mantiene la pena de muerte para delitos muy graves, como los actos de
terrorismo, y en los últimos años sólo se ha aplicado en contadas ocasiones.
La última ejecución de que se tuvo noticia fue en abril de 2003, cuando tres
jóvenes fueron condenados a muerte por el secuestro de un barco para huir de la
isla.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, actualmente hay en
toda Cuba unas 40 personas condenadas a muerte. Dadas las restricciones de
acceso a las actas judiciales y otros documentos oficiales, es difícil
establecer el número exacto.
Amnistía Internacional se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier
circunstancia por considerar que se trata de un castigo o trato cruel, inhumano
o degradante en grado máximo.
(Informe extret de la web oficial d'Amnistia Internacional)
Francesc X. Oliva i Castro